El 10 de diciembre conmemoramos uno de los hitos éticos más significativos de la historia contemporánea: la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), adoptada por la ONU en 1948. Hace ya ocho décadas surgió como respuesta a los horrores de la guerra, al exterminio, al totalitarismo y a la negación sistemática de la dignidad humana. Desde entonces, la DUDH ha sido brújula moral, horizonte normativo y referente global para la defensa de la vida, la igualdad y la justicia.
Sin embargo, 80 años después, el reto no es únicamente recordar la Declaración, sino preguntarnos qué tan lejos o qué tan cerca estamos de sus principios. Cómo se traducen o se ven negados en la vida diaria de las personas. Qué significa hablar de dignidad en un país donde la violencia y la desigualdad siguen marcando el destino de millones. Y, sobre todo, qué responsabilidad tenemos como comunidad universitaria frente a estos desafíos.
En México, los derechos humanos siguen siendo un territorio en disputa. Vivimos en un país donde las violencias han dejado una huella profunda; donde persisten las desapariciones de personas, la violencia de género, la discriminación, el racismo, el desplazamiento forzado y la precariedad laboral entre otras; donde la impunidad continúa debilitando la confianza en las instituciones y minando la esperanza de las víctimas.
A 80 años de su promulgación, la DUDH nos obliga a hacer una lectura crítica para confirmar que no son una realidad concreta para todas las personas. Los avances normativos han sido importantes como la reforma constitucional en materia de derechos humanos en 2011, o la ampliación de mecanismos de protección, sin embargo, no se ha logrado frenar las causas estructurales de la violencia, ni transformar las condiciones que históricamente producen la desigualdad social.
Hoy, en México, hablar de derechos humanos implica hablar de las madres y familias buscadoras que recorren todo el país en búsqueda de sus hijas e hijos; de las mujeres que enfrentan múltiples formas de violencia en la vida cotidiana; de la juventud que vive entre la estigmatización y la falta de oportunidades; de las infancias que crecen en contextos de inseguridad; de las personas migrantes que transitan por nuestro territorio sin protección; de los pueblos originarios y comunidades que cuidan, protegen y defienden el territorio como casa común a pesar de recibir amenazas y criminalización.
El Estado de México representa, de forma clara, los contrastes del país. Aquí conviven la fuerza comunitaria, la pluralidad cultural y la organización social con realidades persistentes de desigualdad, violencia y violaciones a los derechos humanos. Es uno de los estados que concentra mayores índices de violencia contra las mujeres y se observa en el incremento anual de los feminicidios; donde la urbanización desordenada, la pobreza y la falta de oportunidades golpean más a quienes están en situación de mayor vulnerabilidad; donde las juventudes viven entre el deseo de transformar su entorno y la experiencia de sentirse desprotegidas.
Las dinámicas migratorias en la zona oriente, el impacto del crimen organizado en municipios periurbanos, las brechas de desigualdad educativa y la ausencia de políticas sostenidas de prevención, son parte de un panorama que nos exige pensar en los derechos humanos como herramienta de cambio, no como discurso abstracto. Los derechos humanos, en este contexto, no deben entenderse solamente desde la exigencia y garantía de un marco jurídico, sino desde el ejercicio ciudadano, ético y político de participar e involucrarse en la resolución de problemas de interés público.
Mirar el Estado de México a la luz de la DUDH, significa reconocer las heridas abiertas que duelen e interpelan, pero también reconocer la fuerza organizada de colectivos, comunidades y personas que, desde la escuela, la familia, los barrios y las organizaciones civiles, trabajan todos los días por construir espacios de vida digna para todas y todos.
A 80 años de la Declaración, el reto para una universidad jesuita como el Tecnológico Universitario del Valle de Chalco (TUVCH) es:
1. Educar en derechos humanos para las juventudes y las infancias, a través de procesos pedagógicos que fortalezcan la empatía, la igualdad, la prevención de la violencia y la resolución pacífica de conflictos. Acompañar a las y los jóvenes para que se reconozcan como agentes de cambio.
2. Acompañar la movilidad humana y las realidades de las personas en tránsito. El oriente del Estado de México es un corredor migratorio. Como universidad, podemos brindar espacios de hospitalidad, escucha, difusión, solidaridad y formación que dignifiquen la experiencia de quienes llegan o pasan por nuestros territorios para integrar sus saberes y su experiencia de vida a la comunidad.
3. Trabajar activamente en la prevención de la violencia de género, impulsando una cultura universitaria basada en el respeto, la igualdad sustantiva, la cero tolerancia a la violencia de género y el acompañamiento seguro a quienes la viven o la enfrentan.
4. Promover el cuidado de la casa común como principio ético y práctica comunitaria, a través de la formación socioambiental, los proyectos de aplicación profesional y la vinculación con iniciativas locales que defienden el territorio y los bienes comunes (agua, aire, seres vivos, entre otros).
Este 10 de diciembre renovemos nuestro compromiso universitario “en todo amar y servir” para abonar a la lucha cotidiana por los derechos humanos en nuestra región, a través de la formación, conocimiento e investigación, pero también haciéndolo con convicción, valentía, creatividad, solidaridad y acción colectiva.
Hoy más que nunca, se necesitan voces jóvenes y universitarias que cuestionen la realidad y los problemas actuales, propongan respuestas innovadoras y se vinculen con otras y otros actores para sumar y acompañar esfuerzos por un bien mayor. Seamos, juntas y juntos, constructores de un presente más justo, humano y solidario.
Texto: Mtra. Luz María Pérez Cabrera, Coordinadora del Centro
Universitario de Derechos Humanos y Sustentabilidad Segundo Montes S. J.
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